LEGISLACIÓN

 

LEYES EDUCATIVAS  EN ESPAÑA

Comenzaremos el recorrido en el Siglo XIX porque es donde realmente se empieza a regular de forma más general y en ámbito estatal el Sistema Educativo en nuestro país.

La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, más conocida como Ley Moyano, fue la primera Ley General de Educación que favoreció una buena ordenación administrativa de la enseñanza, entre otras razones porque fue capaz de aclarar toda la maraña legislativa escolar que se había ido produciendo en el medio siglo anterior, de forma desordenada e incluso contradictoria.

En 1970 se cree que ha llegado el momento de renovar la anterior Ley y se aprueba la segunda Ley General de Educación (en adelante, LGE): Ley de Villar Palasí o Ley General de Educación de 1970 tras la elaboración previa de un Libro Blanco en el que se habían expuesto los defectos de nuestra enseñanza a la vez que se esbozaban los nuevo caminos que debía tomar.Como objetivo de la LGE estaba el hacer partícipe de la educación a toda la población española, aspecto fundamental si tenemos en cuenta que con la anterior Ley existía un 75 % de analfabetismo.

Tras la muerte de Franco, se inicia un periodo de Transición en España fruto del cual nace nuestra Constitución de 1978. En ella, en su Artículo 27 se establecen los principios básicos que presiden toda la legislación en materia educativa y que, por tanto, todas las leyes posteriores van a tratar de concretar.

En 1980 aparece la Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares (LOECE), promovida por U.C.D. En esta Ley, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos así como la libertad de la enseñanza en España quedaban condicionados a la Ley de Financiación General de la Educación, que nunca habría de ser aprobada.

Cinco años después, en 1985, fue presentada la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), aprobada por el Partido Socialista.

Se consideró que la LOECE (1980) hizo un desarrollo parcial y escasamente fiel al espíritu constitucional y de ahí surgió la necesidad de una nueva norma que desarrollase los principios que, en materia de educación, contiene la Constitución Española, y que garantizase al mismo tiempo el pluralismo educativo y la equidad. Así, la LODE (1985) fijaba los derechos a la educación, recogidos en la Constitución; además, establecía un sistema de gestión de los centros poco homologable a la legislación europea. Por otra parte, consolidaba una doble red de centros: una pública (escuelas e institutos) y una privada, mantenida con fondos públicos (colegios concertados), en los que se financiaban las plazas escolares de los niños desde los seis a los catorce años y, a partir de los años noventa, desde los seis a los dieciséis años.

En 1990 aparece la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) aprobada en las Cortes cuando el PSOE contaba con mayoría absoluta. Trata de responder a la nueva realidad de España, que ha dejado de ser una e indivisa y se ha convertido en la España de las Autonomías. Se amplía la escolaridad obligatoria y gratuita hasta los 16 años, desciende la ratio de 40 a 25 alumnos por clase y aparece la especialización de los profesores. La enseñanza se concibe en función de las capacidades del alumnado y se potencia el igualitarismo académico.

Otras dos leyes van a puntualizar o modificar puntos de las anteriores antes de que se dé otro nuevo gran cambio. Por un lado la Ley de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG 1995), -aún en tiempo de gobierno socialista-, que trata el tema de las actividades extraescolares, la autonomía de gestión de los centros docentes, las inspecciones por las Administraciones Educativas y los Órganos de Gobierno de los Centros Docentes Públicos.

Por otro lado, la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP 2002) -ya en tiempos del PP- que pretende adecuar la Formación Profesional a las nuevas exigencias del sistema productivo y fomentar la formación y la readaptación profesional.

En ese mismo año es cuando se produce un giro importante ya que el PP saca adelante la Ley de Calidad de la Educación (LOCE 2002) que tiene como objetivo reducir el fracaso escolar, elevar el nivel educativo y estimular el esfuerzo, a través de mayores exigencias académicas.

En su intención está respaldar el principio de autoridad en los centros docentes y poner coto a la indisciplina, mientras se respeta en lo sustancial la LODE (1985) y la LOGSE (1990).

Con la llegada del grupo socialista al poder se paraliza la aplicación de la LOCE, -que también había suscitado polémica movilizando especialmente a un amplio sector del alumnado y profesorado de izquierda- y comienza una nueva etapa con una nueva Ley que el 6 de abril de 2006 el Congreso de los Diputados aprueba con 181 votos a favor, 133 en contra y 12 abstenciones, en medio también del mayor conflicto educativo de los últimos años; es la Ley Orgánica de Educación (  *LOE    2006).

  

            

   * DERECHOS DEL NIÑO  

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